Si agarramos cualquier noticia, nota de prensa o pliego de condiciones relacionado con la gestión municipal de residuos urbanos, siempre vamos a ver un abultado número de gastos que se basa en un engaño: los habitantes del municipio pagan tributos locales por la entrega de una materia prima, esto es, la basura.
El Paquete de la Economía Circular de la Comisión Europea publicado en 2014 considera la basura domiciliaria e industrial como «materia prima» y establece criterios rectores para las Administraciones Públicas que en España apenas se cumplen y que servirían como fuente de ingresos y empleo para los municipios. Y es que el actual pago de tasas por la recolección de basura es todo un derroche de dinero público y una entrega gratuita de fondos a las empresas concesionarias, que normalmente son holdings cuya actividad tiene poco o nulo retorno.
Guadalajara, una ciudad de tamaño medio, con aproximadamente 83.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, gasta 7.560.000 euros anuales netos en el servicio de basuras, es decir, aproximadamente 91 euros por habitante. A esto hay que sumarle los 93,16 euros de tasa municipal por vivienda que habitualmente se paga por el servicio. Y además, se hace una entrega gratuita de materiales al prestatario del servicio que pueden recolocarse en el mercado tras su reciclaje, ya sea de productos orgánicos o inorgánicos. En este caso se trata de Valoriza, una filial del grupo SACYR.
De toda esta rueda de gastos, ninguno de sus efectos provoca un alivio presupuestario ni un beneficio directo evidente a medio o a largo plazo. Los términos «reciclaje» o «reutilización» son utilizados con mucha ligereza en los pliegos de condiciones, y la generación de empleo derivado es prácticamente nula, más allá de los empleos directos. La última auditoria de sostenibilidad realizada en esta ciudad es del año 2006, según su web municipal, y el resultado de la información que se obtiene del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del vertedero donde se encuentra la basura de sus habitantes, el acceso a la misma se encuentra «no disponible«.
Economía y ambientes desaprovechados
Guadalajara es un ejemplo de este desastre económico y ambiental que se reproduce en la gran mayoría de centros urbanos españoles. De los 464 kg de basura generados por cada español en 2012, el 67% terminó en un vertedero, reciclándose solo el 17% de su basura. Y el nivel básico de gestión de este problema se encuentra principalmente en los Ayuntamientos, que a pesar de tener facultades normativas para aplicar un cambio de ciclo, se resisten a terminar con un modelo de negocio hecho para pocos y que no redunda en ningún beneficio prolongado para los habitantes, ya que además pagan por ello.
Pero vamos a poner algunos ejemplos. Una PYME local encargada de la recolección del papel en la ciudad, que sea la proveedora de este insumo a la administración municipal; una cooperativa con la concesión de la recogida y reciclaje del plástico y el vidrio que sea proveedor privilegiado de las industrias locales; recursos informáticos de estándares abiertos cuyo desarrollo se realice por técnicos locales…
La Ley de residuos
La norma nacional en materia de residuos por excelencia, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece la llamada «pirámide de residuos» donde el factor de la reutilización debe ser un principio rector de las políticas públicas. Algo así como el «derecho a la vivienda» de la Constitución Española.
Aunque sí establece la norma determinados criterios obligatorios que pocos Ayuntamientos cumplen. En particular, dice el art. 21 de la mencionada normativa:
«Promoverán [las Administraciones competentes], entre otras medidas, el establecimiento de lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización. Asimismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos preparados para su reutilización y productos reciclados a través de la contratación pública y de objetivos cuantitativos en los planes de gestión.»
Si usted se encuentra en un municipio que cumpla correctamente con esta norma, lo felicitamos. Y si hablamos de los residuos orgánicos, busque en el mapa español algún municipio que haya aprobado una ordenanza promotora de la fertilización con residuos orgánicos domésticos o industriales (art. 22), o más aún, que haya prohibido el uso de agrotóxicos o fertilizantes químicos.
Ingresos municipales y empleo viable
Considerar los residuos como una materia prima es esencial para entender que miles de Ayuntamientos están tirando a la basura, paradójicamente, millones de euros y miles de puestos de trabajo potenciales. La progresividad en las tasas municipales sobre quién genera más y menos basura; el incentivo local de consumo producido en el territorio y basado en criterios de reutilización; planes de empleo local con tecnología reutilizada y de estándares abiertos, etc. Son políticas públicas que las actuales estructuras de gobierno municipal no contemplan.
Los Ayuntamientos tienen facultades amplias para la creación de mercados para materias primas secundarias (recicladas) como las ordenanzas o la contratación pública, así como medios de incentivo de PYMES locales necesarias para el desarrollo a este respecto de los servicios necesarios para los consumidores. El modelo económico municipal es insostenible, y analizando casos como estos no parece difícil encontrar motivos.
Fuentes:
Comisión Europea | Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa
Basurama | Colectivo de investigación de procesos productivos que aborda la reutilización industrial
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