En tiempos de crisis, es una pregunta habitual: «me encuentro embargado por impago de infracciones administrativas pero soy beneficiario/a de derecho de beca, ¿me la pueden embargar?». Veamos las respuestas. (más…)
Autor: Diego Herchhoren
Vigilancia en internet: soluciones al monitoreo legal o ilegal de lo que hacemos en la red
La Circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas establece algunas definiciones técnicas para el Ministerio Público, con el fin de que se comprendan los alcances y alternativas de éstos en materia de intervención de las comunicaciones. Esto incluye el tráfico que circula por nuestro módem y cuyos datos son almacenados por la empresa que nos provee la conexión a internet. Veamos las consecuencias de este «pinchazo» a nuestras comunicaciones, las formas legales o ilegales de hacerlo y cómo protegernos. (más…)
«No admitido» en el aeropuerto: ¿qué se puede hacer?
La «sala de no admitidos» de los aeropuertos europeos es una dependencia de un organismo policial en la que son recluidas aquellas personas cuya entrada ha sido rechazada por las autoridades migratorias. En España, esta competencia la tiene el Cuerpo Nacional de Policía, y su actuación consiste en elaborar una tramitación sumaria para la expulsión de la persona. Son situaciones traumáticas en cualquier aspecto, pero quizá lo más grave sea el verse inmerso en algo muy similar a una privación de libertad por una decisión administrativa. No obstante, veamos qué herramientas tenemos para enfrentarlo. (más…)
Operación Pandora: ni usar PGP ni software de cifrado es un delito
Los detenidos «usan medidas de seguridad extremas, como el servidor de Riseup«. Son palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, en su exposición de motivos para la detención de las personas involucradas en la llamada «Operación Pandora». Las mismas se producen pocos meses antes de que Naciones Unidas reconociera el cifrado y el anonimato en la red como un derecho humano. (más…)
¿Respetan las administraciones públicas la neutralidad tecnológica?
En España, la neutralidad tecnológica es ley, o al menos aparentemente. Esto significa que en aquellas relaciones que entable la Administración con los ciudadanos y sus comunicaciones electrónicas, no se impondrá ninguna opción en particular, priorizando la utilización de software de código abierto. Pero vamos a ver algunos ejemplos de que eso no es así.
Empresas insolventes pero no tan insolventes: el patrimonio de los socios
Es una de las postales económicas más habituales. Empresas constituidas como Sociedades Limitadas, con un capital social de apenas 3000 euros, que en su inminente quiebra no tienen fondos para cubrir sus obligaciones económicas con trabajadores, proveedores y demás terceros. Pero esto es una verdad a medias, ya que los tribunales españoles han sentado numerosos precedentes en los que el patrimonio de los socios puede llegar a cubrir las deudas de la empresa. Aquí explicamos todas claves de la teoría del «levantamiento del velo societario». (más…)
Cómo localizar la mejor jurisprudencia española
La web del poder judicial ofrece de manera gratuita un banco de jurisprudencia de gran utilidad práctica, pero su mal diseño y las complejidades de su buscador lo hace de muy difícil manejo para los letrados de legos en aplicaciones web. Aquí te enseñamos una guía práctica para ejecutarlo y ahorrarte el dinero de los buscadores de jurisprudencia de pago. (más…)
La tramitación online del voto rogado
Desde el año 2011, rige en España y para aquellos españoles que residen en el extranjero, la modalidad de «voto rogado», un procedimiento que ha dificultado el ejercicio del derecho de voto de este colectivo y que ha conseguido reducir ampliamente el porcentaje de participación. No obstante, te mostramos aquí un tutorial para realizar completamente online este trámite. (más…)
Los Ayuntamientos pueden expropiar viviendas vacías de los bancos
Es en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, la cual faculta a los Ayuntamientos a ejecutar una expropiación en casos de interés social o utilidad pública, que deberá ser regulada en una Ordenanza que modifique el vigente Plan General de Ordenación Urbana del municipio. No le afectaría la sentencia del TC contra la normativa andaluza anti desahucios.