Derecho de Código Abierto
La consulta que se nos formula es en relación a un propietario que ha adquirido un solar no inscrito en el Registro de la Propiedad, pero sobre el que hay instalada desde tiempo desconocido una torre de alta tensión.
El propietario nos pregunta qué hacer para que, en caso de no poder quitársela de encima, al menos la compañía eléctrica abone un canon por tener que soportarla. (más…)
Estado de Alarma. Más de 600.000 sanciones, miles de personas detenidas, decenas de imágenes de abusos policiales y otras tantas personas ya en prisión preventiva, y una inseguridad jurídica que ha devuelto las garantías individuales a la edad de piedra. Todo ello en función de una emergencia sanitaria que ni siquiera ha sido declarada oficialmente y cuyo origen y destino es cada vez más oscuro.
Sin polemizar en torno a la utilidad o inutilidad para la salud del confinamiento generalizado de la población, es positivo refrescar un concepto: este confinamiento, convertido casi en un arresto domiciliario sin condena, goza de irregularidades jurídicas que sólo están pudiendo salvarse mediante el uso de la fuerza, ya que la norma hace aguas por todos los sitios.
Queremos expresar, y lo decimos claramente y sin tapujos, que la prohibición de circular es manifiestamente ilegal y arbitraria, y otorga a las fuerzas de seguridad un control social que sólo puede mantenerse en el tiempo mediante la prórroga sucesiva de los llamados «Estados de Alarma», que han venido para quedarse. Este artículo no pretende ser un artículo jurídico, sino una guía para la acción, una herramienta de defensa del común frente a una norma que choca frontalmente con los derechos más básicos, y que no puede ser acatada bajo ningún concepto.
«Aquellos que renunciarían a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad» (Benjamin Franklin).
Manifestación en Madrid en 2013. Crédito: Wikimedia
El argumento: «empeora la prestación del servicio». La propuesta de financiación autonómica del partido de Albert Rivera incluirá la posibilidad de dotar a las comunidades de competencias para crear el copago para sanidad y educación, algo que ya fue declarado contrario al espíritu del servicio público según el órgano de interpretación constitucional, puesto que las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos «para mejorar el servicio, no para empeorarlo».,
Los casos de Madrid y Cataluña, en los que el TC anuló los decretos de copago en los servicios públicos sanitarios, entendió en su momento que estas modalidades de recaudación no pueden ser justificados con el argumento de su «financiación», ya que los servicios sanitarios en España tienen prevista ésta mediante las Leyes de Presupuestos, como normas de previsión del gasto público. Ciudadanos propone un cambio de la norma para que así se puedan ejecutar los decretos regionales ahora anulados, ampliando esta posibilidad al sistema educativo, que ya fue propuesto de manera indiciaria por el PP.
Hasta ahora, el Gobierno español ha impulsado dos borradores de reforma del mercado energético. El actual proyecto de Real Decreto se caracteriza por tres elementos: el llamado impuesto al sol, que establece un precio a la energía autoproducida; la supresión de cualquier contraprestación económica por la energía sobrante volcada a la red; y también el establecimiento de un complicado procedimiento de autorización de aquellas instalaciones de autoconsumo.
Pero hay que saber que esto es un borrador, que no está vigente, y que además contraviene abiertamente el Programa de Mejores Prácticas sobre Energías Renovables de Autoconsumo y la propia normativa europea que vincula a España.
El pánico y la confusión generada para los productores y la paralización del mercado derivada del proyecto, ha hecho olvidar que en la actualidad el marco normativo aplicable es el que se establece en el Real Decreto 1699/2011 (que es la trasposición de una directiva comunitaria) y que el borrador propuesto por el Gobierno tendrá, previsiblemente, un recorrido de ejecución breve, si es que llega a ejecutarse en algún momento. (más…)
Crédito: Wikimedia
La adquisición al inicio de los períodos lectivos de libros de texto en la educación primaria, secundaria y el bachillerato ratifica lo que es un secreto a voces: sin que haya normativas que lo indiquen, el lobby de las editoriales cuentan ya con un stock de libros que miles de padres deberán comprar sí o sí. Los centros de enseñanza son el objetivo de este grupo de presión compuesto por las principales empresas del ramo: Santillana, Anaya, SM, etc.
La actual Ley Orgánica de Educación establece que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas, por lo que esta guía está orientada a las asociaciones de padres, consejos escolares y entidades asociativas, que tienen con esto en sus manos promover el uso de materiales educativos libres de derechos de autor, actualizables y pensados para un modelo educativo al acceso de todos. (más…)
La llamada «Auditoría de la deuda municipal» y el concepto de «deuda ilegítima» son, además de indeterminados, conceptos que pueden llevar a equívocos a aquellas personas interesadas en saber en qué se gasta el dinero público. Una deuda puede ser ilegítima, pero puede ser legal. Una auditoría puede revelar actuaciones negligentes de los cargos políticos, pero esto no supondrá por sí mismo el fin de esa deuda.
Las quitas o la anulación de contratos abusivos, fraudulentos o viciados por los incumplimientos de los contratistas, así como la resolución por causas de interés público siguen siendo los mecanismos eficaces que siguen permitiendo a los Ayuntamientos desvincularse de la llamada «deuda odiosa«. (más…)
«Una actualización del censo inmobiliario«, es el argumento con el que el Ministerio de Hacienda ha argumentado la inclusión en los Presupuestos Generales previstos para 2016 de la renovación de los valores de los inmuebles que, vista la caída de ingresos provenientes de la construcción de nuevas viviendas, siempre es una fuente inagotable de recaudación en períodos de vacas flacas, que los Presupuestos de 2016 recogen de manera expresa y que sirven para calcular varios tributos.
En este monográfico vamos a ver una serie de definiciones y pautas recomendadas para poder enfrentar una posible revisión al alza de los valores catastrales durante los próximos meses. Recordemos que, según el Programa de Gestión del Catastro Inmobiliario, serán 8.106.880 inmuebles los que se verán afectados por las más que probables subidas. (más…)
Sede virtual del Registro Electrónico Común de la AGE.
La Asociación LiGNUx y el portal jurídico BuenJuicio estamos elaborando un censo de administraciones incumplidoras del art. 4 apartado i) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que garantiza la neutralidad tecnológica de los mismos.
Desde la Asociación LiGNUx se llevará adelante, sin necesidad de identificación, la encuesta a los usuarios de servicios públicos virtuales en la Administración, donde los mismos podrán señalar los incumplimientos del principio de neutralidad referido, tales como las exigencias de uso de software privativo o limitador de un acceso universal a los servicios de sede virtual de los organismos denunciados. (más…)
Sede del Ayuntamiento de Madrid (Antiguo Palacio de Comunicaciones). Crédito: Wikimedia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia condenatoria al gobierno español, la cual establece que los trabajadores eventuales o con contrato de duración determinada con la Administración (liberados, asesores, personal técnico de apoyo, etc.) tienen el mismo derecho a percibir los trienios que se conceden, en particular, a los funcionarios de carrera, cuando en relación con la percepción de dicho complemento salarial, ambas categorías de trabajadores se hallen en situaciones comparables. (más…)
Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia
El máximo órgano judicial español dictó el pasado 21 de julio una sentencia en la que se deniega la indemnización por error judicial a Dolores Vázquez, la inicialmente acusada por el crimen de Rocío Wanninkhof, y de la que posteriormente se demostró había sido víctima de un andamiaje mediático y judicial que la condenó sin pruebas solventes. Fue la coincidencia de un crimen similar (el caso de Sonia Carabantes) lo que permitió que su proceso se revisara y terminara siendo excluida de responsabilidad.
El Supremo, en una rebuscada sentencia, ha denegado el derecho a una indemnización basándose en un supuesto y muy discutible error de procedimiento, que incluso ha tenido el voto particular contrario de la jueza Margarita Robles. Si bien esta sentencia probablemente será recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, merece la pena un repaso rápido de la misma para aquellos que puedan encontrarse ante situaciones similares. (más…)