Derecho de Código Abierto
Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Crédito: Wikimedia
Según el Supremo, si no hay un procedimiento penal de por medio, la consulta indebida puede implicar un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Alto Tribunal ha condenado a un juez de instrucción a este cargo por ordenar la consulta al Registro de Penados de los antecedentes penales de una persona a la cual no se le había incoado ningún procedimiento. (más…)
Edificio del Tribunal Supremo. Crédito: Wikimedia
El Alto Tribunal ha estimado un recurso presentado por dos personas condenadas por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en función de que la sentencia original, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tuvo en cuenta elementos obtenidos de escuchas telefónicas declaradas ilegales, todo ello a pesar de que incluso los recurrentes negaron o guardaron silencio al respecto de su participación en los hechos.
Sin embargo, el Supremo introduce un criterio importante para valorar si esas pruebas anuladas contaminan toda la causa: la regla de la conexión. En el caso ventilado, el Supremo falla a favor del condenado, porque entiende que el relato de la condena toma elementos de prueba obtenidos a partir de las propias escuchas anuladas y otorga valor probatorio a los silencios en la declaración de los dos recurrentes.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de una persona por un delito imprudente de blanqueo de capitales al recibir dinero de origen desconocido, pero que debía haber advertido su procedencia probablemente ilícita.
Se trata de una condena derivada de la práctica del phising o robo de datos a partir de falsas interfaces de entidades bancarias, los cuales se obtienen enviando al afectado un correo electrónico solicitando que introduzca nuevamente claves y datos de acceso a sus cuentas de banca personal. (más…)
Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior español. Crédito: Wikimedia
Entre las novedades menos comentadas sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente aprobada por el Senado, es que se fijan nuevos plazos máximos de detención. El nuevo marco temporal queda fijado en un máximo de hasta 10 días de plazo de detención incomunicada para delitos de terrorismo o realizados por organizaciones criminales.
De esta manera, la reforma impulsada por el Gobierno elevará el plazo de detención incomunicada a cinco días que, en el caso de personas investigadas por delitos de terrorismo y personas integradas o relacionadas con bandas armadas, podrán prorrogarse hasta cinco más y alcanzar los diez. El propio Gobierno español ha reconocido que con la vieja redacción, la detención incomunicada se utilizó en el 8% de los casos de las detenciones por estos motivos entre 2013 y 2015. ¿Cómo justifica entonces el Gobierno esta medida? (más…)
La semana pasada, el Senado devolvió al Congreso de los Diputados los dos proyectos de Ley (uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria) que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tiene como finalidad «agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado, establecer un nuevo marco procesal del decomiso y regular las medidas de investigación tecnológica«.
Una reforma que establece normas más restrictivas para la investigación de causas complejas en las que intervienen una pluralidad de imputados (que ahora pasarán a llamarse investigados), características de los macroprocesos y de los grandes delitos económicos. Incluye también un paquete de medidas relacionadas con la vigilancia y el espionaje electrónico de personas investigadas que abre la veda, por su ambigüedad, a todo tipo de interpretaciones policiales. (más…)
En un procedimiento relativo al menudeo de droga, el Tribunal Supremo ha corregido la interpretación que muchos juzgados hacen de la sobrecarga de trabajo de los juzgados penales. La sentencia recurrida no tuvo en cuenta la dilación en la tramitación del procedimiento «debido a la sobrecarga que sufren los órganos judiciales en su normal discurrir«, algo cuyas consecuencias en ningún caso pueden recaer en el imputado. (más…)
Según el Tribunal Constitucional, el derecho de habeas corpus es frecuentemente incumplido por el poder judicial. Una sentencia de febrero de 2014, ventilada en ocasión de la detención por una denuncia de violencia de género, admite que «el frecuente incumplimiento que este Tribunal puede observar es grave», ya que a juicio del mismo priva al detenido de un instrumento esencial para garantizar la legalidad de la detención. (más…)
La Audiencia Provincial de Málaga, en abril de este año, había estimado como hechos probados la participación de los imputados en un robo con violencia en una empresa el día de cobro de los empleados. En el momento del asalto, uno de los condenados disparó en varias ocasiones contra el dueño de la empresa en el brazo y las piernas causándole lesiones graves.
Los acusados, que no habían ratificado en el juzgado lo que previamente habían declarado en Comisaría, abrieron el melón de la validez como prueba del relato realizado ante los agentes: según el Alto Tribunal, éste es válido si no se vulneraron sus derechos, y para confirmar este extremo será suficiente el testimonio de los agentes que los interrogaron. (más…)
Alemania ha imputado a un diario digital el delito de «traición a la patria» por publicar documentos filtrados que detallan proyectos oficiales de vigilancia masiva de su gobierno. Últimamente nos hemos acostumbrado a la polémica de las filtraciones; inclusive, el portal Filtrala.org ofrece un sencillo sistema de entrega anónima de documentos o información de aquellos que quieren preservar su anonimato.
Ahora bien, ¿qué le hubiera ocurrido a Chelsea Manning si hubiera sido militar del ejército español?, ¿qué le ocurriría a un bloguero o a un medio comercial que publicara archivos sustraídos de la Comisaría General de Información o cualquier otro documento considerado «información clasificada«?, ¿qué alternativas tienen los «whistleblower» (soplones)?. (más…)
Benidorm, una polémica vida nocturna. Crédito: Flickr.
El Alto Tribunal así lo ha entendido en un reciente caso de un delito contra la salud pública. La Audiencia Provincial de Alicante había condenado al empleado de un bar de Benidorm a 6 años de prisión por la venta de una dosis de cocaína, valorada en 20 euros, a un testigo protegido aportado por la Policía. Lo incautado tenía un valor de mercado de 130,30 euros y la prueba de cargo fue en exclusiva la aportada por el testimonio de los agentes y su testigo. (más…)