La estafa de Volkswagen también afecta a los ayuntamientos: el IVTM

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El modelo VW Passat, afectado por el #dieselgate

El modelo VW Passat, afectado por el #dieselgate

En España, parte de la recaudación impositiva está vinculada directamente al nivel de emisión de los vehículos matriculados. La fiscalidad verde implica un buen pedazo de los ingresos públicos, por lo que cualquier manipulación en la información técnica de emisiones de CO2 afecta a las arcas del Estado (Impuesto de matriculación) y a los Ayuntamientos, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Pero es dinero que los municipios y el Estado pueden querer recuperar atacando al eslabón más débil: el dueño del vehículo. El Gobierno español parece dispuesto a perdonar a la multinacional un dinero que, quien sabe, a lo mejor termina reclamándolo a los usuarios si no están debidamente prevenidos.

Tras la denuncia de la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense que alertaba de que los niveles de gases emitidos por los vehículos de Volkswagen estaban alterados por un software que rebajaba las cantidades, se encendieron todas las luces rojas de la compañía. El programa informático estaba preparado para que cuando el coche detectaba que estaba siendo testado y no en carretera, activaba un programa que reducía las prestaciones del motor. Por ende, al rebajar el rendimiento, los gases producidos por la mecánica también disminuían.

Esta medición es la base para que muchos Ayuntamientos otorguen a los sujetos obligados por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica deducciones que, según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puede ser de hasta el 75% de la cuota tributaria. Al ser mediciones que hay que realizar de nuevo, el resultado de dicho cálculo es susceptible de ser revisado de oficio por los Ayuntamientos.

¿Quién paga: el dueño o Volkswagen?

Si bien la norma establece que el sujeto obligado es el titular del vehículo, el cálculo del impuesto y las deducciones se hacen en función del etiquetado obligatorio que deben tener los vehículos de acuerdo a la normativa de la UE sobre emisiones Euro6, que a su vez sustituye a la Euro5.

De acuerdo a la misma, los fabricantes deben proveer información específica sobre emisiones de CO2, la cual determinará el cálculo inicial que abordarán los Ayuntamientos para aplicar las deducciones del IVTM, que normalmente se disfrutan durante los 4 primeros años, aunque existen algunas excepciones. Si la información de emisiones es falsa, los Ayuntamientos están habilitados a hacer un recálculo y una reclamación al fabricante por el dinero no percibido.

Puede ocurrir que determinados municipios opten por el eslabón más débil: el titular del vehículo. Pero en ese caso bastará con proveer los datos de emisiones del vehículo salido de fábrica o facilitar al Ayuntamiento la revisión general que, parece, Volkswagen va a hacer motu proprio con los vehículos fabricados en el período afectado.

El Estado también puede reclamar (si quiere)

A partir de 2008, el Estado modificó el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, más conocido como Impuesto de Matriculación. El cambio legislativo más importante fue que se empezó a gravar en función de las emisiones de CO2 y no de la cilindrada.

Esto quiere decir, como en el caso anterior, que un falseamiento por parte del fabricante de cualquier dato relativo a las emisiones involucra una variación sobre la recaudación del Estado. En este caso, no parece probable que el Gobierno vaya a hacer una revisión de oficio de los tributos sobre los vehículos afectados por la estafa, pero de cualquier manera ya sabemos que hay una ingente cantidad de millones de euros que España parece haber perdonado a esta multinacional.

Diego Herchhoren
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septiembre 24, 2015

En Económico-admvo.

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