La Operación Libertas podría ser un caso de financiación ilegal de Ciudadanos

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Albert Rivera, líder de Ciudadanos

Albert Rivera, líder de Ciudadanos

De acuerdo al art. 7.2 de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos «los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos.»

De acuerdo a las afirmaciones realizadas por uno de los fundadores de Intereconomía, Enrique de Diego, al diario El Plural, las aportaciones recibidas por Albert Rivera de parte del contratista de Defensa de EEUU Declan James Ganley, dueño de Rivada Networks, serían incompatibles con la normativa de financiación de partidos española y que además están expresamente castigados en el art. 304.bis del nuevo Código Penal. El periodista del grupo ha revelado que Ciudadanos recaudó «mucho dinero» de este influyente contratista para impulsar la campaña de la coalición Libertas en las elecciones europeas de 2009.

De Diego ha revelado que en esta operación de financiación del proyecto “dinero hubo. Y no poco (…) La clave es que iba a haber dinero, mucho dinero, que Declan Ganley, el irlandés, como se le denominaba, con alborozo esperanzado, en los pasillos del Grupo Intereconomía, era inmensamente rico. Eso iba a catapultar a Intereconomía”.

En el momento en que sucedieron los hechos, no existía expresa regulación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos. En el presente caso, cobra especial relevancia el hecho de que el aporte recibido por el partido de Albert Rivera era proveniente de un importante e influyente suministrador de tecnología a los servicios de inteligencia de EEUU, y que la finalidad de la promoción del proyecto Libertas era promover el «euroescepticismo» en el seno de la UE.

Sin respuesta oficial

A pesar de las revelaciones de Enrique de Diego y la información revelada también por el diario Público, no ha habido actuaciones de cara a, al menos, aclarar si dichas afirmaciones son reales o no.

La ley vigente en ese momento ya prohibía la financiación con fondos relacionados con gobiernos extranjeros, pero no los penalizaba. Se quedaba solo en una falta administrativa. En el caso de Ciudadanos, en el supuesto de que los fondos recibidos por países como Estados Unidos hubieran ido destinados a financiarse, podría ser investigado por el Tribunal de Cuentas, puesto que en ese momento Ciudadanos ya tenía representación parlamentaria, pero nada de eso ha ocurrido.

Diego Herchhoren
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diciembre 13, 2015

En Electoral

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