Varias comunidades autónomas y entidades corporativas han anunciado la puesta en marcha de mecanismos institucionales destinados a «intermediar» entre el banco y aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, como una forma de evitar o de negociar una salida antes de que el banco solicite la ejecución y el desahucio de los afectados.

El ingreso de las entidades financieras a este sistema es completamente optativo para ellas; no implica la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria ni tampoco éstas oficinas pueden dictar resoluciones como que el afectado conserve el uso y disfrute de la que ha sido hasta ahora su vivienda habitual, ni tampoco han sido dotadas de capacidad de imponer límites al sector financiero. Veremos algunas preguntas frecuentes sobre este tipo de oficinas y algunas alternativas.