El Alto Tribunal así lo ha entendido en un reciente caso de un delito contra la salud pública. La Audiencia Provincial de Alicante había condenado al empleado de un bar de Benidorm a 6 años de prisión por la venta de una dosis de cocaína, valorada en 20 euros, a un testigo protegido aportado por la Policía. Lo incautado tenía un valor de mercado de 130,30 euros y la prueba de cargo fue en exclusiva la aportada por el testimonio de los agentes y su testigo. (más…)