En España, parte de la recaudación impositiva está vinculada directamente al nivel de emisión de los vehículos matriculados. La fiscalidad verde implica un buen pedazo de los ingresos públicos, por lo que cualquier manipulación en la información técnica de emisiones de CO2 afecta a las arcas del Estado (Impuesto de matriculación) y a los Ayuntamientos, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Pero es dinero que los municipios y el Estado pueden querer recuperar atacando al eslabón más débil: el dueño del vehículo. El Gobierno español parece dispuesto a perdonar a la multinacional un dinero que, quien sabe, a lo mejor termina reclamándolo a los usuarios si no están debidamente prevenidos. (más…)