Durante el año 2013, casi 13.000 funcionarios de la Unión Europea beneficiarios de una tarjeta de crédito asociada a sus cuentas corrientes supusieron un gasto de 103 millones de euros en gastos que no son declarables, con una media de 8.000 euros por persona.
La normativa europea no establece obligaciones de rendición de cuentas en materia de tarjetas de empresa, ya que al ser plásticos asociados a las cuentas personales de los beneficiarios, los datos de compra están protegidos por el secreto bancario, el cual sólo puede levantarse por orden judicial. (más…)
