Durante el año 2013, casi 13.000 funcionarios de la Unión Europea beneficiarios de una tarjeta de crédito asociada a sus cuentas corrientes supusieron un gasto de 103 millones de euros en gastos que no son declarables, con una media de 8.000 euros por persona.
La normativa europea no establece obligaciones de rendición de cuentas en materia de tarjetas de empresa, ya que al ser plásticos asociados a las cuentas personales de los beneficiarios, los datos de compra están protegidos por el secreto bancario, el cual sólo puede levantarse por orden judicial.
El dato ha sido obtenido de un documento de licitación por el que la UE busca un nuevo contrato de seis años con un proveedor de tarjetas de crédito. Las condiciones de entrega de estas tarjetas son completamente opacas, dado que el sistema de concesión está configurado de tal manera que sea imposible auditar si los gastos de los funcionarios corresponden a cuestiones de trabajo o a gastos suntuarios.
Los empleados que se encuentran en «misión» (personal de países miembros que se encuentran alejados de su vivienda habitual), aparte de cobrar su sueldo y los complementos de distancia, tienen derecho a una indemnización diaria de hasta 117 euros, dependiendo del país, para comidas y «gastos imprevistos». Además, pueden optar a un «subsidio de entretenimiento», sin contar con las dietas correspondientes a viajes o vuelos, que se cobran aparte.
Por ejemplo, 143 funcionarios en Reino Unido cubrieron gastos por 51.100 euros, 362 destinados a Alemania cubrieron 2.171.789 euros, mientras que 79 funcionarios en Francia hicieron lo propio con 398.871 euros.
El caso de Reino Unido
El gobierno británico se vio obligado, a partir de 2010, a hacer públicos los gastos con cargo al erario público realizados mediante tarjetas de crédito. Tras algunas filtraciones, la auditoría de estos gastos reveló cargos de clubs nocturnos, restaurantes o artículos de lujo. Desde entonces, los gastos de los funcionarios han bajado un 15%, suponiendo un ahorro de 6 millones de euros.
No obstante, la norma británica establece que se deberán publicar aquellos cargos que superen los 700 euros, pero en cualquier caso no parece que por ahora la UE quiera seguir ese tímido ejemplo.
Fuente: The Telegraph
Keywords: tarjetas black, corrupción, abuso
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